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¿Qué es el recargo de la ciudad de Nueva York sobre propiedades que no son residencia principal?
Es el nombre formal del impuesto pied-à-terre, promulgado en el Tax Law Article 30-C en el presupuesto estatal 2026–27. Se aplica a las viviendas de 1 a 3 familias con un valor de $5 millones o más y a las unidades de condominio y cooperativa con un valor de $1 millón o más que no sean la residencia principal calificada de nadie. Las tasas van del 0.8% al 6.5% del valor de mercado del Departamento de Finanzas (Department of Finance), y el primer cargo vence el 1 de enero de 2027.
La ley y su nombre
El impuesto que la mayoría de la gente llama impuesto pied-à-terre tiene tres nombres. La ley, el Tax Law Article 30-C, lo denomina “City Surcharge on Property That Does Not Serve as a Primary Residence” (recargo de la Ciudad sobre las propiedades que no sirven como residencia principal). El Departamento de Finanzas (Department of Finance) lo llama Non-Primary Residence Property Surcharge (recargo sobre propiedades que no son residencia principal). La ley de implementación de la Ciudad es un nuevo Chapter 32 del Title 11 del Código Administrativo (Administrative Code), que comienza en el § 11-3201.
La Legislatura lo promulgó en la Part HH de la legislación presupuestaria estatal de ingresos 2026–27. Según el Departamento de Finanzas, la ley entró en vigor el 28 de mayo de 2026. El recargo se aplica a los años fiscales que comienzan a partir del 1 de julio de 2026, y está previsto que cada sección del Article 30-C quede derogada el 30 de junio de 2031, salvo que la Legislatura la prorrogue.
| Imposición del recargo | Tax Law § 1350 |
|---|---|
| Definiciones | Tax Law § 1351 |
| Determinaciones de residencia principal | Tax Law § 1352 |
| Tasas | Tax Law § 1353 |
| Facturación, cobro y multas | Tax Law § 1354 |
| Revisión administrativa y judicial | Tax Law § 1355 |
| Normas del Departamento de Finanzas | 19 RCNY chapter 62, vigente desde el 14 de julio de 2026 |
Qué propiedades están sujetas
Para los años fiscales que comienzan el 1 de julio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2028, el § 1350 alcanza tres tipos de propiedades residenciales cuyo valor de mercado de “fase uno” (phase one) del Departamento de Finanzas sea igual o superior al umbral:
- una propiedad de clase uno distinta de un terreno baldío, lo que en la práctica significa una vivienda de una, dos o tres familias, con un valor de $5 millones o más;
- una unidad de condominio residencial con un valor de $1 millón o más; y
- un apartamento residencial en cooperativa con un valor de $1 millón o más, en el que el valor del edificio se distribuye entre las unidades según las acciones.
Las cifras son los valores de mercado del Departamento de Finanzas a efectos del impuesto sobre la propiedad, no los precios de venta. Los valores de condominios y cooperativas se fijan conforme a normas estatales que generalmente producen cifras muy inferiores a los precios a los que se venderían las unidades, razón por la cual el umbral para condominios y cooperativas es más bajo. Una unidad que se vendió por varios millones de dólares puede quedar en el tramo de $1 millón a $3 millones.
La ley excluye las propiedades que carecen de un certificado de ocupación exigido y las unidades sujetas a un plan de oferta que el promotor aún no ha vendido. La sujeción de una propiedad se determina a la fecha de determinación de la situación fiscal (taxable status date), el 5 de enero anterior al año fiscal; es decir, el 5 de enero de 2026 para el recargo de 2026–27.
A partir del 1 de julio de 2028, la ley cambia. Todas las propiedades sujetas, incluidas las unidades de condominio y cooperativa, se miden con un umbral único de $5 millones utilizando un “valor de mercado de fase dos” (phase two market value), y se aplican las tasas de las casas. Para las unidades de condominio y cooperativa, la ley basa el valor de mercado de fase dos en ventas comparables, sin los límites de valoración de la Real Property Tax Law § 581, por lo que se prevé que esos valores sean más altos que los valores actuales de condominios y cooperativas. Hasta donde sabemos, el Departamento de Finanzas aún no ha publicado cómo aplicará ese método.
Tasas para 2026–27 y 2027–28
| Vivienda de 1 a 3 familias, de $5 millones hasta $15 millones | 0.8% del valor de mercado |
|---|---|
| Vivienda de 1 a 3 familias, más de $15 millones hasta $25 millones | 1.05% |
| Vivienda de 1 a 3 familias, más de $25 millones | 1.3% |
| Unidad de condominio o cooperativa, de $1 millón hasta $3 millones | 4.0% |
| Unidad de condominio o cooperativa, más de $3 millones hasta $5 millones | 5.25% |
| Unidad de condominio o cooperativa, más de $5 millones | 6.5% |
Los límites de los tramos anteriores siguen la redacción de la ley. La página pública del Departamento de Finanzas describe los mismos tramos en términos ligeramente distintos, por lo que un propietario cuyo valor se sitúe exactamente en un límite debe revisar la factura. La tasa se aplica a la totalidad del valor de mercado, no solo al monto que excede el umbral. Las reducciones, los créditos y las exenciones del impuesto sobre la propiedad no reducen el recargo, y el recargo se mantiene separado de la recaudación tributaria ordinaria de la Ciudad y de las participaciones por clase.
Quién está exento
Conforme al § 1351, una propiedad sirve como residencia principal, y por lo tanto queda fuera del recargo, si en la fecha de determinación de la situación fiscal era la residencia principal de:
- un propietario sujeto (covered owner), que en el caso de una cooperativa es el accionista-inquilino (tenant-stockholder);
- un familiar directo de un propietario sujeto que sea persona física, es decir, cónyuge, hijo, hermano, padre o madre, abuelo o nieto; o
- un arrendatario o subarrendatario que sea persona física, en virtud de un contrato de arrendamiento auténtico, entre partes independientes, de al menos un año.
En el caso de propiedades en manos de una LLC, una corporación o una sociedad de personas (partnership), las normas del Departamento de Finanzas consideran propietario sujeto a la persona que posee una participación mayoritaria, de más del 50%, y varios titulares pueden sumar sus participaciones para alcanzar la mayoría. Las normas añaden dos límites que importan en la práctica: la entidad debe ser titular de la totalidad del dominio pleno (fee interest) o de todas las acciones de la cooperativa, y una estructura de propiedad de varios niveles no acredita la residencia principal. En el caso de un fideicomiso, solo califica un beneficiario único, y los intereses contingentes o futuros no se tienen en cuenta para determinar quién es beneficiario único.
Las normas también abordan casos difíciles. Por lo general, una vivienda sigue considerándose residencia principal durante un año después del fallecimiento del propietario, y durante una hospitalización continua o una estancia temporal en un centro de cuidados o de rehabilitación, si la sucesión o el propietario documenta el hecho y la residencia anterior a este. En una casa de dos o tres familias, la prueba de que una unidad es residencia principal calificada excluye toda la propiedad; en una cooperativa, solo excluye ese apartamento.
Cómo decide el Departamento de Finanzas
La sección 1352 exige que el Departamento de Finanzas emita cada año una determinación inicial. Sus normas le indican que examine primero los datos del impuesto sobre la renta que muestren la propiedad como domicilio permanente de un propietario sujeto y, luego, otros factores, como si un propietario sujeto ocupó la propiedad la mayoría de los días del año calendario anterior.
Para 2026–27, el Departamento publicó un registro complementario de valores de mercado el 24 de julio de 2026 y comenzó a enviar avisos a fines de julio. La Oficina del Alcalde (Mayor’s Office) anunció el envío el 23 de julio de 2026. La División de Apelaciones (Appellate Division) cifró la primera tanda en aproximadamente 17,000 avisos y, a fines de agosto, la Ciudad informó, en escritos judiciales y declaraciones públicas, que había liberado a unos 1,210 propietarios gracias a declaraciones de impuestos recién disponibles, mientras se enviaba una segunda tanda de unas 10,800 cartas, muchas a propiedades en manos de entidades y fideicomisos. El plazo para solicitar la exención para 2026–27 cerró el 13 de octubre de 2026, tras varias prórrogas. Si recibió un aviso, consulte qué hacer a continuación.
Para los años siguientes, las normas prevén avisos de determinación inicial a más tardar el 15 de febrero, y la apelación del propietario ante el Departamento debe presentarse dentro de los 30 días siguientes al aviso. La ley dispone que la falta de envío de un aviso no afecta la validez del recargo, por lo que un propietario que prevea estar sujeto no debe esperar a recibir una carta.
Facturación, gravámenes, auditorías y multas
- El recargo se añade al estado de cuenta de la propiedad y se adeuda y paga de la misma manera que los impuestos sobre bienes inmuebles. Para 2026–27, vence en la misma fecha que la segunda cuota semestral, el 1 de enero de 2027.
- En las cooperativas, el recargo se calcula unidad por unidad, pero se factura a la corporación cooperativa, que lo cobra al accionista-inquilino (tenant-stockholder) conforme al § 1354(c).
- Se hace cumplir, en la medida de lo posible, como los impuestos sobre bienes inmuebles, y la declaración del Departamento de Finanzas que acompaña a sus normas describe el recargo, junto con las multas e intereses que correspondan, como un gravamen sobre la propiedad.
- El Departamento puede auditar las certificaciones y los documentos de residencia principal dentro de los seis años siguientes a su presentación, y puede emitir citaciones (subpoenas).
- Previa notificación y audiencia, el Departamento puede imponer una multa de hasta el 50% del recargo por una certificación o presentación sustancial que sea inexacta, hecha con negligencia o de mala fe, o por dividir de mala fe una unidad de condominio en más de tres unidades para eludir el recargo. Conforme a las normas, cuando una presentación falsa habría eliminado el recargo, la multa es del 50% y se restablece el recargo; cuando solo habría reducido el valor, la multa es del 300% de la diferencia, con un tope del 50% del recargo.
El caso O’Brien sobre la implementación
En O’Brien v. City of New York, Index No. 85217/2026, un grupo de propietarios inició un procedimiento del Artículo 78 (Article 78) ante el Tribunal Supremo (Supreme Court) del condado de Richmond para impugnar la forma en que el Departamento de Finanzas implementó el recargo. El 29 de septiembre de 2026, el juez Wayne M. Ozzi resolvió que el proceso era arbitrario y caprichoso. Según resúmenes publicados, el tribunal interpretó que el § 1352(a) exige una determinación individualizada de residencia principal antes de enviar un aviso, ordenó al Departamento retirar el registro complementario, anuló los aproximadamente 17,000 avisos y resolvió que el proceso de exención trasladaba indebidamente la carga de la prueba a los propietarios.
La Ciudad presentó ese mismo día un aviso de apelación ante la División de Apelaciones, Segundo Departamento (Appellate Division, Second Department), y sostuvo que la apelación suspendía automáticamente la sentencia conforme a la CPLR 5519(a)(1). El Departamento continuó con la implementación y mantuvo el plazo de exención del 13 de octubre de 2026.
El 4 de noviembre de 2026, un panel unánime de cuatro jueces del Segundo Departamento revocó la sentencia y desestimó el procedimiento (Matter of O’Brien v. City of New York, App. Div. 2d Dep’t, No. 2026-10762). El panel resolvió que los peticionarios carecían de legitimación porque no habían demostrado un perjuicio concreto: un aviso cumple una función informativa, la confusión sobre el registro era demasiado general y el costo de solicitar una exención no estaba documentado. También determinó que la redacción de los avisos cumple con el Tax Law § 1352(a)(2) y el 19 RCNY 62-06(a)(4). El panel no decidió si el Departamento actuó de forma arbitraria al elegir a quién notificar, y la ley en sí no fue impugnada en ese caso. Los avisos se mantienen. Al 16 de noviembre de 2026, no tenemos conocimiento de ninguna apelación posterior; una revisión adicional generalmente requeriría autorización (leave) del Tribunal de Apelaciones (Court of Appeals) o de la División de Apelaciones.
Las impugnaciones constitucionales
Dos casos atacan la ley en sí, y según se informa ambos están pendientes ante el Tribunal Supremo (Supreme Court) del condado de Suffolk. Ross v. State of New York, Index No. 628629/2026, presentado el 28 de septiembre de 2026 por Wilbur Ross, Hilary Geary Ross y Steve Wynn, solicita que se declare que la ley viola la Cláusula de Privilegios e Inmunidades (Privileges and Immunities Clause), la cláusula de comercio inactiva (dormant Commerce Clause) y las garantías de igual protección federal y estatal, y que su recaudación no puede excluirse del límite del impuesto sobre bienes inmuebles del Article VIII, § 10 de la Constitución del Estado. Una segunda demanda, presentada el 29 de septiembre de 2026 por una corporación cooperativa y un grupo de propietarios, plantea reclamaciones constitucionales federales y estatales similares e impugna el uso del 5 de enero de 2026 como fecha de determinación de la situación fiscal.
Al 16 de noviembre de 2026, no tenemos conocimiento de que se haya dictado una decisión en ninguno de los dos casos. Mientras un tribunal no resuelva lo contrario, los propietarios deben suponer que el recargo se aplica y que el cargo del 1 de enero de 2027 debe pagarse. La posibilidad de obtener un reembolso si se anulara la ley dependería de la resolución y de cómo y cuándo el propietario preservó su reclamación. Representamos a propietarios, juntas de cooperativas y compradores en relación con la exposición al recargo, las apelaciones ante la Comisión Tributaria (Tax Commission) y las operaciones afectadas por el impuesto.
No constituye asesoramiento legal. Este artículo ofrece información general sobre el derecho de Nueva York a la fecha indicada arriba. No constituye asesoramiento legal, puede no reflejar cambios posteriores y no crea una relación abogado-cliente. Publicidad de abogados.